Una oposición que se hace la “vistima”

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Este 25 de abril de 2019 la Sección Quinta del Consejo de Estado dio a conocer su sentencia mediante la cual declaró la nulidad de la Resolución No. 1595 del 19 de julio de 2018 expedida por el Consejo Nacional Electoral, que otorgó a la entonces fórmula vicepresidencial de Petro Presidente, la Doctora Ángela María Robledo Gómez, el derecho personal a ocupar una curul en la Cámara de Representantes durante el periodo constitucional 2018- 2022. Esta decisión, sacudió el panorama político colombiano, y una de las principales voces, fue la de la candidata a la Alcaldía de Bogotá Dra. Claudia López, quien a través de twitter dijo:

A propósito de esta afirmación, referente a sentenciar la eliminación de la oposición en Colombia, considero apropiado, abordar de manera breve, el concepto de “oposición”, el cual se encuentra estrictamente relacionado con el de democracia.

Norberto Bobbio considera que la democracia “no es tanto una preferencia entre otras, sino la constitución misma de la realidad política”, puesto que, dentro del marco de los principios democráticos, “caben diferentes matices en la forma de relacionar los valores de la libertad, la justicia y la igualdad”, y en su opinión, dentro del Estado, no existe formula alguna para combinar estos diferentes matices, “por eso es tan necesaria la democracia y el derecho a la oposición que le es propio”.

Como podemos inferir, la construcción de una realidad política, está dada por la democracia, pues no se trata de un acto de preferencia sobre las demás (autocracia o aristocracia, entre otras), pues aquella permite la coexistencia de las diferentes concepciones de libertad, justicia e igualdad en el Estado. En caso de que, dentro de esta organización (Estado), en el marco democrático, exista una mayoría respecto de la forma en cómo debe relacionarse la libertad, la justicia y la igualdad, este matiz debe permitir su oposición.

Gianpaolo Zucchini en el Diccionario de Política dirigido por Norberto Bobbio, al darle alcance a la expresión “oposición”, dijo que consiste en “la unión de personas o grupos que persiguen fines contrapuestos a aquellos individualizados y perseguidos por el grupo o por los grupos que detentan el poder (…) político o que institucionalmente se reconocen como autoridades políticas”, seguidamente, señaló que los grupos de oposición hacen resistencia aquellas autoridades “sirviéndose de métodos y medios constitucionales-legalistas o ilegales y violentos”.

En democracia, cuando un grupo de personas conciben una forma de relacionar los valores de libertad, justicia y de igualdad contrapuesta a aquel perseguido por un grupo de personas que detentan el poder (Presidente, Gobernador, Alcalde, Congresistas o Parlamentarios…), pueden resistirse a los mismos de manera constitucional o de manera violenta.

En Colombia, a través de la firma de los denominados “Acuerdos de Paz” con las FARC-EP, y con la expedición de la Ley 1909 de 2018 Estatuto de la Oposición Política, podemos afirmar, que aquellos grupos de oposición, como la llamada “Colombia Humana” e incluso el Partido Verde, ejecutan sus acciones de resistencia a las autoridades políticas, como el Presidente de la República y demás miembros del Congreso, sirviéndose de métodos y medios constitucionales y legales. Por consiguiente, su actuar está sujeto al respeto del régimen constitucional y legal de nuestro país.

Dentro de nuestro sistema jurídico constitucional y legal, se encuentran las autoridades Judiciales (Rama Judicial del Poder Público), como es el caso del Consejo de Estado, quien, a través de su sección quinta o también conocida sección electoral, tiene la competencia de conocer sobre la legalidad de los actos de elección o nombramiento de los miembros de las corporaciones públicas, como es el caso de los Senadores y Representantes a la Cámara. De modo que, los grupos de oposición, que participan dentro de nuestro orden constitucional, deberán sujetarse a aquella autoridad, como en efecto lo hace, aquellos a quienes se resisten en el ejercicio del poder.

Precisamente, una de las normas constitucionales, artículo 107 de la Constitución en sus incisos finales, claramente dispone que quien, siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. Mandato que se encuentra replicado en el artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, norma que regula las reglas de la organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales. Quien viola la anterior prohibición constitucional, incurre en lo que se denomina “doble militancia política”.

Acertadamente, el Consejo de Estado después de un lúcido estudio jurídico, concluyó; que la Doctora Ángela María Robledo Gómez quien fuera la formula vicepresidencial de Gustavo Petro en las contiendas electorales del año 2018, cometió una doble militancia política, la cual vicio de nulidad su curul como representante a la cámara, por cuanto, siendo electa como representante para el período 2014-2018 a través del Partido Verde, el 16 de marzo de 2018 se inscribió al movimiento de la Colombia Humana y tan solo renunció a su partido de origen, cuatro días después, esto es el 20 de marzo. Es decir, que, siendo congresista del Partido Verde, se anunció e inscribió para la contienda presidencial, como miembro de un movimiento político diferente al suyo. ESTE HECHO, evidentemente, es una doble militancia, como quedó demostrado judicialmente.

Así pues, la decisión del Consejo de Estado no pretende eliminar a la oposición, como descabelladamente lo propone la candidata Claudia López, pues los operadores de la Rama Judicial del Poder Público, conocen la importancia de la oposición en un régimen democrático, y su objetivo más que “eliminarlos” es preservarlo. Acá estamos es ante una conducta ilegal por parte de un militante de la oposición política, que, a través de argucias, pretende presentar un fallo en derecho, como una arremetida a la oposición. Permitir esto, es alimentar aquella frase que dice, que “la justicia es para los de ruana”.

No podemos aplaudir esta conducta, no podemos permitir que aquellos que quieren desconocer la Constitución y la Ley, ante decisiones en derecho, posen como víctimas, posen como “vistimas”.

Por último, comparto la apreciación del abogado especialistas en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Luis Pemberthy, quien expone, que en los sistemas presidenciales latinoamericanos, como Colombia, la oposición adopta a menudo una función obstruccionista, que va más allá de la oposición competitiva. En su opinión, la función de la oposición, se puede graficar en la frase “no dejar gobernar” en la creencia de asegurar así el triunfo en la próxima elección presidencial.

En Colombia, la oposición política no está para proponer fórmulas que permitan combinar los valores de libertad, justicia e igualdad en nuestra realidad política, su función es más la de no dejar gobernar, actúan buscando el triunfo en la próxima elección presidencial, por eso, buscan que el gobierno al cual se resisten, no prospere.

 

 

 

 

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Abogado de la Universidad del Tolima, especialista en Derecho Administrativo y candidato a Magister en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás en convenio con la Universidad de Konstanz de Alemania.

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