Reflexiones sobre el anarcocapitalismo

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 Uno de los debates más recurrentes dentro del libertarismo gira en torno a la pregunta de ¿qué tanto debemos dejar en manos del Estado? Para contestarla, han surgido dos grandes corrientes: el minarquismo y el anarcocapitalismo.

El minarquismo cree en la existencia de un Estado pequeño, que cumpla con un mínimo de funciones, tales como la provisión de seguridad, justicia, relaciones diplomáticas, producción de dinero y algunas obras de infraestructura. Desde su perspectiva, el Estado es necesario para proteger los derechos de propiedad de los individuos y ejercer de árbitro frente a las disputas que se presenten en la sociedad.

Los minarquistas son vistos como los chicos pragmáticos del libertarismo. Para lograr su objetivo de limitar el poder estatal optan por el gradualismo y la moderación. Algunos ejemplos de esta actitud los vemos en su apoyo a las denominadas “Alianzas Público-Privadas” para la construcción de infraestructura o en el sistema de “cheques escolares”, en el que el Estado entrega determinada cantidad de dinero a los padres de familia para que éstos lleven a sus hijos al centro educativo de su elección.

El minarquismo se ha ganado el repudio de socialistas de todas las especies, desde los moderados socialdemócratas hasta los furibundos marxistas. Para ellos, pensadores como Friedman o Hayek son la encarnación del Mal sobre la Tierra.

Por su parte, el anarcocapitalismo aboga por la eliminación completa del Estado, en favor de una sociedad de derecho privado, en la que absolutamente todos los bienes y servicios sean provistos por particulares. Aquí se pueden distinguir dos ramas que se complementan entre sí: la iusnaturalista [1], representada por Murray Rothbard y sus discípulos, y la utilitarista [2], de David Friedman.

Los anarcocapitalistas son los radicales del libertarismo. Creen que el Estado, al estar fundamentado en la coerción, no es compatible con el mercado, el escenario natural de la libertad. En términos estratégicos, prefieren el uso de medios rápidos y efectivos para lograr sus objetivos.

A diferencia del minarquismo, el anarcocapitalismo no es objeto de repudio sino de burla. Por lo general, el anarcocapitalista es visto como un rebelde sin causa, como un loco o, simplemente, como un tonto. Incluso, entre los minarquistas hay quienes miran a sus colegas radicales con recelo.

Vale destacar que entre el minarquismo y el anarcocapitalismo existe un punto medio: el microarquismo, según el cual, la única función que debería cumplir el Estado es la de elaborar leyes. Su aplicación, así como, las demás áreas de la vida en sociedad (infraestructura, educación, salud, producción del dinero) estarían a cargo del sector privado. Uno de sus máximos representantes es el brillante economista español Juan Ramón Rallo.

Lo que haré en esta ocasión será mostrar por qué debemos tomarnos el anarcocapitalismo con seriedad. Su propuesta de ninguna manera es utópica ni sus argumentos son locuras. Antes bien, parten del más excelso realismo: el Estado es una maquinaria ineficiente, innecesaria y perversa, de la que podemos liberarnos.

¿Cómo definir al enemigo?

Rothbard define al Estado como “aquella organización que ejerce el monopolio de la fuerza y la violencia sobre un territorio determinado; y de manera particular, es la única organización de la sociedad que obtiene sus ingresos no por la contribución voluntaria (…) sino a través de la coerción”. Hoppe complementa diciendo que “es el monopolio territorial de defensa, provisión y aplicación de la ley y el orden”.

Este monopolio es el que sustenta el poder material del Estado. Pensemos en lo siguiente: el Estado asume infinidad de funciones, como educación, salud, gestión de infraestructura, producción del dinero, entre otras, porque hay leyes (creadas por el mismo) que lo permiten y funcionarios (fuerzas del orden) dispuestos a hacerlas cumplir, a través de la violencia si es necesario.

El poder material se complementa con el simbólico. El Estado nos hace creer que necesitamos de él para tener una existencia más llevadera. De esa manera, se gana nuestras mentes y corazones, convirtiéndonos en su principal apoyo.

El Estado es ineficiente

La definición de Rothbard nos ofrece las claves para entender por qué el Estado es un actor ineficiente.

En primer lugar, es un monopolio. Por intuición sabemos que un monopolio siempre es malo para el consumidor porque lo obliga a pagar un sobreprecio por bienes y servicios que, en todos los casos, son de pésima calidad.

Según la Ley de Friedman, todas las funciones del gobierno cuestan por lo menos dos veces más que su equivalente privado. La razón detrás de eso son los incentivos. En el sector público lo que importa es la acumulación de poder, no la eficiencia. Es así que los recursos se dirigen a los usos menos valiosos y gracias a la coerción tributaria, se tiene una fuente inagotable de financiamiento, que se convierte en un cheque en blanco para el derroche.

Las agencias del Estado encargadas de proveer seguridad y justicia, llámense legislaturas, tribunales o ejércitos, sufren del problema económico conocido como la “tragedia de los comunes” en el sentido de que usan demasiados recursos y los distribuyen ineficientemente.

Por otra parte, al no existir la competencia, el Estado induce al consumo forzado de las leyes, lo cual difiere sustancialmente de los intercambios del mercado, donde reina la voluntad. Las firmas privadas persuaden a los consumidores, los burócratas los obligan.

Las leyes producidas por el Estado no responden a la demanda de los consumidores, sino que siempre favorecen a los grupos de interés más poderosos políticamente, quienes, no sólo influyen en el proceso legislativo sino también en la aplicación de las normas. El costo marginal de exigir nuevas leyes es muy bajo en relación con los costos de organización de estos grupos. De ahí que, una vez organizados, exigirán toda clase de leyes.

Finalmente, el Estado no es una entidad flexible; es incapaz de responder a las condiciones cambiantes del entorno. De ahí que tenga pocos incentivos para innovar. En el mercado sucede todo lo contrario como bien sabemos.

Pasemos ahora al segundo elemento de la definición de Rothbard: la territorialidad. El Estado es un monopolio sui generis, ya que se encuentra geográficamente segmentado. Lo que hace es declarar que determinada porción de tierra está bajo su dominio y con ello impone barreras de entrada a la competencia. Sólo el Estado X es quien puede producir las leyes en su territorio. Nadie más: ni el Estado Y o la agencia privada Z o W. Estas barreras se verán reflejadas en los costos. Nuevamente, el afectado es el consumidor.

Por último, está el elemento del financiamiento. Aquí, el Estado también es sui generis, pues, a diferencia, de cualquier industria, éste tiene que producir “males” (en forma de impuestos) para originar bienes. Así mismo, al erigirse como legítimo propietario de la coerción, posee la ventaja absoluta sobre el uso de la violencia.

El Estado es innecesario

Existe la creencia que la defensa y la justicia, al ser bienes públicos, deben ser provistos obligatoriamente por el Estado, de tal suerte que éste se convierte en un mal necesario.

Según la teoría económica que sustenta esta creencia, los bienes públicos se distinguen de los demás por dos características: la no exclusión y la no rivalidad. La primera establece que los bienes deben ser producidos para todo un grupo o no ser producidos en lo absoluto. No se puede excluir a nadie de su consumo. La segunda establece que el bien no va a disminuir en cantidad por el hecho de que lo consuma un mayor número de personas.

A partir de estas propiedades se deduce que los bienes públicos poseen la especial característica de que no están limitados a quienes realmente han pagado por ellos. A esto se le conoce como el “problema del polizón” y es la diferencia fundamental entre los bienes públicos y los privados, que benefician únicamente a quienes han pagado por su consumo.

Debido al problema del polizón se cree que los mercados no son eficientes en la producción de los bienes públicos, por lo que es necesario que el Estado compense dicha incapacidad.

La manera en la que el Estado, supuestamente, resuelve el problema del polizón es gravando a la población con impuestos. De esa manera, garantiza que todos los individuos están pagando por el consumo de los bienes que provee.

El “problema del polizón” es absurdo. De hecho, no es ningún problema en lo absoluto. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas nos hemos beneficiado de una u otra manera de bienes y servicios por los que no hemos pagado. Verbigracia, un jardín bien cuidado, que agrega valor estético al vecindario y alegra la vista de quien lo ve, así no haya contribuido a su cuidado; o las emisiones radiales: cualquiera con un radio puede sintonizarlas y es técnicamente imposible que el productor se lo pueda impedir.

¿Debería el Estado producir estos bienes para resolver el “problema del polizón? Por supuesto que no.

Al desaparecer el problema del polizón, también desaparece la frontera entre bienes públicos y privados, entre lo que debe dejarse al mercado y lo que no. Los ejemplos del jardín y las ondas radiales demuestran que el mercado puede proveer bienes que cumplan con las famosas características de no rivalidad y no exclusión.

Entonces, ¿qué le impide al mercado producir seguridad y justicia? Nada.

Ya lo ha hecho a través de la historia. Los ejemplos abundan: en defensa, están los ejércitos mercenarios de la Edad Media o, más recientemente, las compañías militares privadas y los cuerpos de policía y seguridad privados. En justicia, tenemos la Lex Mercatoria, una institución legal de carácter privado que reguló las relaciones entre los comerciantes de la Europa medieval, instituciones de Derecho Consuetudinario como el Tribunal de las Aguas de Valencia o las agencias privadas de arbitraje, en la actualidad.

Si el mercado puede producir seguridad y justicia, el Estado sobra.

El Estado es perverso

El Estado está compuesto por personas de carne y hueso que, al igual que todas, actúan con el fin de satisfacer sus intereses individuales, usando los medios que les parezcan más apropiados y respondiendo a incentivos.

En la arena política, los incentivos son dos: la acumulación de poder y la búsqueda de rentas. Con respecto al primero, es evidente que los burócratas siempre buscan la manera de escalar posiciones que les permitan tener mayor influencia dentro del aparato estatal y, en consecuencia, sobre la sociedad entera. A ello se le suma el segundo incentivo, la búsqueda de rentas, que supone la manipulación del entorno para obtener réditos económicos.

El Estado atrae a los peores individuos. Doug Casey usa la regla de Pareto para demostrar que en una sociedad promedio el 80% de sus integrantes son buenas personas. Lo que implica que existe un 20% que posee oscuras intenciones. Ese porcentaje es el que termina en las más altas jerarquías del Estado, seducido por el poder y el dinero fácil.

Llegados a este punto, es prudente advertir que esta proclividad a la maldad se atenúa en las monarquías absolutas. Allí, las posiciones se ganan por la suerte de nacer en una cuna privilegiada, por lo tanto, es posible que una persona benévola llegue al poder. En las democracias representativas esta posibilidad queda eliminada de tajo: siempre son los peores los que están al mando.

Ya dijimos que al poder material del Estado, se suma el simbólico. De hecho, éste es el más importante de los dos. Hoy en día hablar del Estado es hacer teología. Sólo basta con observar el culto que se ha desarrollado a su alrededor, manifestado en símbolos y rituales que exigen la sumisión de sus fieles.

El culto moderno al Estado comenzó con aquella consigna de la Revolución Francesa que rezaba que “El Estado somos todos”. Una frase realmente poderosa, que da a entender que todo lo que el Estado haga será legítimo y justo, pues surgirá de la voluntad común de los individuos que viven en su monopólico territorio.

Precisamente, es esa invocación de autoridad lo que permite al Estado conservar su poder. El problema es que, como lo demuestra el filósofo estadounidense Michael Huemer, este tipo de autoridad es ilusoria. Algunos la justifican a partir de la existencia de un presunto “contrato social”. Acaso, ¿quién lo ha firmado? Otros hablan del principio de representación democrática. Pero, ¿cómo es posible que un legislador, cuyo comportamiento no podemos controlar, pueda representarnos? Y, en cualquier caso, ¿cuál es el objetivo de esa representación?

Puesto que la autoridad política es una ilusión, no tenemos ninguna obligación moral de obedecer al Estado. Es así que el anarcocapitalismo bien podría complementarse con el anarquismo filosófico.

Ya que hemos hecho mención a la historia, vale la pena recordar brevemente los orígenes del Estado. El profesor Miguel Anxo Bastos nos recuerda que no es una organización voluntaria, surgida del orden espontáneo, sino que, por el contrario, su nacimiento está marcado por la violencia, asegurando su dominio mediante la fuerza y el poder de las ideas (lo simbólico).

De igual manera, el poder del Estado se ha incrementado con el paso del tiempo. El economista estadounidense Robert Higgs encontró que hacia 1870, el tamaño del Estado – representado por el gasto público como porcentaje del país – en seis grandes economías: Francia, Alemania, Suecia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, se ubicaba entre el 7% y el 13%. Para 1996, se ubicaba entre el 30% y el 60%.

A ello se suman las miles de regulaciones que impone el Estado en la vida cotidiana de los individuos, como la prohibición al consumo de ciertas sustancias, las excesivas cargas tributarias con las que expropia a muchos de ellos y las decenas de guerras, que lo único que hacen es acrecentar su poder. Recordemos que fue el Estado el que propició el conflicto bélico más sangriento de la historia de la Humanidad: la Segunda Guerra Mundial, que causó la desaparición física de más de cien millones de personas. Planteada así la cuestión, no podemos esperar que sea el Estado sea el garante de la vida y propiedad de los individuos.

En la época contemporánea, presenciamos la aparición de organizaciones como la Unión Europea, un cártel de gobiernos que han conformado un superestado, con políticas fiscales y monetarias únicas, dictadas desde Bruselas. En la misma dirección, son bien conocidas las propuestas para la creación de un Estado global. Cada vez estamos más cerca de eso.

Como hemos visto, la solución no puede ser la de reducir el tamaño del Estado, como quisieran los minarquistas, pues la tendencia es hacia la expansión. Lo que debemos hacer es atacar el problema de raíz, eliminando por completo el aparato estatal.

El Estado es semejante al cáncer, no nos gustaría tener un poco de cáncer, sino no tenerlo en absoluto. No quisiéramos tener menos cáncer, sino eliminarlo por completo. O el Estado existe, para seguir expandiéndose, o se liquida. No puede haber medias tintas.

El gobierno, por pequeño sea, sigue siendo una maquinaria abusiva y opresora. En una sociedad de derecho privado, como a la que aspira el anarcocapitalismo, la existencia de miles de agencias privadas proveedores de seguridad y justicia (las funciones que definen el Estado) eliminarían los incentivos perversos de acumulación de poder y búsqueda de rentas.

Anarcocapitalismo en la práctica

Como toda empresa humana, el anarcocapitalismo no está exento de críticas. La más célebre de ellas y a la que acuden muchos de sus adversarios, incluso minarquistas, es que una propuesta de esta naturaleza sólo puede practicarse en una sociedad de ángeles. Afirman que debe existir un ente superior, el Estado, que ponga freno al comportamiento agresivo de algunos individuos. Si la naturaleza humana fuera perfecta, no habría necesidad de tal ente regulador.

Ya vimos que al Estado, especialmente el democrático, llegan los individuos más perversos. ¿Ellos serían los llamados a regular las tendencias agresivas de sus semejantes? Por un lado, no tendrían autoridad moral y, por el otro, el poder del Estado les permitiría dar rienda suelta a su maldad, imponiendo su voluntad sobre el resto de la sociedad con carácter coercitivo.

El anarcocapitalismo reconoce que ésta no es una sociedad de ángeles y que jamás lo será, siempre habrá hombres buenos, malos y aún peores. La modificación de la naturaleza humana no está dentro de sus planes.

Dicho esto, en una sociedad sin Estado, los malos no tendrían un instrumento del que servirse para llevar a cabo sus oscuros propósitos. De ahí que en nuestra sociedad imperfecta lo apropiado sea abolir el aparato estatal, en lugar de perpetuarlo.

Sí, la meta del anarcocapitalismo es ambiciosa, pero puede lograrse. No existe razón que lo impida. Se podrían pensar en algunas estrategias de corto, mediano y largo plazo. Al mencionarlas mi intención no es prescriptiva, sino enunciativa:

En el corto plazo:

  1. Emancipación personal. Podemos contrarrestar la influencia que ejerce el Estado sobre nuestras vidas a partir de estrategias como las siguientes:
  • Escapar de su poder territorial, adoptando un estilo de vida internacional – como propone Doug Casey – que implique vivir e invertir en varios países, poseer varias nacionalidades y poder renunciar a ellas cuando se estime conveniente. Al movernos por el globo, el Estado no podrá manipularnos tan fácil.
  • No consumir los servicios que provee el Estado. El individuo puede hacer uso de alternativas privadas de seguridad y justicia, ya existentes en la actualidad, o declarar la “secesión económica”, que consiste en sustituir el dinero estatal por otras opciones, como las criptomonedas o el oro. Para que sea exitosa es necesario que la practique una gran cantidad de individuos.
  1. Rothbard decía que el principal mecanismo de difusión de las ideas de la libertad es la educación. Actualmente, ocho de cada diez personas alrededor del mundo comparten los principios del socialismo (en cualquiera de sus vertientes) debido al intenso trabajo pedagógico de sus teóricos. Lo mismo puede pasar con el anarcocapitalismo. Es necesario enviar el mensaje a todas las personas, sin distinción alguna, sobre la naturaleza perversa del Estado y los beneficios de una sociedad libre. En el proceso es importante tener en mente las ideas de Mises sobre la persuasión, frente a la violencia, y de Leonard E. Read, sobre el liderazgo positivo.

Es una ilusión pensar que el Estado podrá ser abolido por medios políticos. La política es un juego de suma cero, en donde sobrevive aquel que tenga el poder de la adulación y carezca de escrúpulos morales. Las buenas intenciones (como el desmantelamiento del Estado) quedarían absorbidas por la sed de poder, máxime en una democracia representativa.

Mediano plazo:

  1. Sociedades de derecho privado reales. Alrededor del mundo han surgido proyectos que siguen el espíritu de las sociedades de derecho privado, como las phyles, de Doug Casey, las ciudades chárter y ciudades privadas, la colonización del mar, como propone Patri Friedman, “Bitnation”, la primera nación virtual del mundo o la secesión territorial, como la consagrada en la Constitución del Principado de Liechtenstein, que permite la separación voluntaria de sus municipios.

Es menester rescatar y multiplicar todas estas iniciativas en nombre de la libertad.

Largo plazo:

  1. La tecnología. Es posible que la derrota definitiva del Estado la propine el avance tecnológico. La civilización humana avanza cada vez más hacia un grado de complejidad sin precedentes que terminará por absorber al Estado.

Conclusión

El anarcocapitalismo es un sistema lógicamente consistente y nada impide que pueda llevarse a la práctica. Decía Rothbard que sólo una causa ambiciosa despierta el entusiasmo de los individuos y los motiva a la acción. Que lo digan los socialistas, tachados de utópicos hace ciento cincuenta años y en la actualidad sus ideas hacen parte de la ortodoxia. El objetivo puede estar lejos en el tiempo pero no es inalcanzable.

Para acabar, permítanme terminar con un chiste que ha circulado en el mundo libertario durante los últimos años y que dice así ¿cuál es la diferencia entre un minarquista y un anarcocapitalista?

Respuesta: seis meses.


[1] El iusnaturalista afirma que la única norma perfectamente compatible con la naturaleza humana es el respeto por los derechos de propiedad que ejerce cada individuo sobre sí mismo y sobre los bienes que produce y adquiere libremente con los demás o por el principio de la apropiación original.

[2] El utilitarismo juzga la acción humana a partir de la eficiencia. El mérito del capitalismo radica en que es el sistema que mejor asigna y utiliza los recursos escasos. Falsamente, se cree que iusnaturalismo y utilitarismo son términos opuestos, cuando en realidad sucede todo lo contrario; son complementarios.

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Economista. Anarcocapitalista y paleolibertario. Aficionado a la historia económica y a la teoría monetaria.

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