Que lo “gratuito” no nos salga caro

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No pocas veces se nos acusa a quienes creemos en la libertad de mercado y civil de ser indiferentes frente a las necesidades de los demás, pues entre otras cosas, insistimos en la reducción de impuestos y por tanto, del gasto público. Nos resulta alarmante ver a los candidatos en tiempos de campaña prometiendo consagrar más derechos positivos o de bienestar, es decir derechos que implican prestaciones de dar o hacer por parte del Estado, como por ejemplo, la salud y la educación. Nosotros le damos más importancia a los derechos conocidos como negativos o individuales, en los que se exige al Estado su no interferencia, es decir que no nos mate (vida), no interfiera con nuestros proyectos de vida (libertad), ni nos quite lo que hemos conseguido con nuestro trabajo (propiedad).

No obstante, pese a las criticas de algunos, lo anterior no implica –al menos en mi caso– que no desee fervientemente que todas las personas tengan el acceso a la mejor salud, educación y condiciones de vida digna. Claro que lo deseo. Ni tampoco que no crea que la solidaridad sea deseable en una sociedad. Claro que lo creo. Sin embargo, pongo en tela de juicio la creencia de que es el Estado el llamado a hacerlo todo. Resulta importante recordar que el Estado no es una empresa que produzca su propio dinero por medio del trabajo. Vale la pena tener en mente que la principal forma en que obtiene recursos es tomando el de todos los ciudadanos a través de la recaudación de impuestos. Dinero que más adelante será utilizado para financiar los derechos y subsidios, que los candidatos prometen a diestra y siniestra en tiempos de elecciones. Así pues, entre más gasto público, subsidios y derechos positivos tengamos, más impuestos deben ser recaudados. Impuestos que en no pocos casos se convierten en una barrera a la hora de entrar al mercado para emprender, producir y así generar más empleo. Impuestos que en algunos casos dificultan que las personas menos favorecidas adquieran ciertos productos o servicios (un IVA del 19% no es cualquier cosa).

No entiendo cómo en muchos casos aquellos que quieren que “papá” Estado les proporcione subsidios, servicios y derechos, no vean que esta dependencia puede llegar a amenzar sus libertades y proyectos de vida. Esto es como cuando de jóvenes pretendíamos ser libres, mientras vivíamos bajo el techo de nuestros padres y estos nos manifestaban inmediatamente que en el momento en que fueramos independientes podríamos “hacer lo que se nos diera la gana”, pero mientras tanto no. Así pues, si seguimos pidiendole al Estado que proporcione y satisfaga todas nuestras necesidades, es posible que nos volvamos tan dependientes, que luego sea imposible negarnos a aceptar lo que exija y desee el gobernante de turno.

Además de que puede resultar moralmente cuestionable repartir el dinero de unos para darlo o financiar los derechos de otros, también puede ser una maniobra torpe, pues la riqueza hay que producirla primero. No podemos pretender ser como los países nórdicos en cuestión de derechos y bienestar porque no tenemos la riqueza que ellos ya han producido gracias al libre mercado. Traigo a colación el ejemplo que alguna vez le oí mencionar a un gran amigo y además docente de la Universidad de Ibagué para poner de presente el costo que tienen los derechos: “Imagínese un padre de familia con un salario de dos millones y tres hijos que ponga un papel en la nevera de su casa asegurando que cada año va a llevar a sus tres hijos a Disney y a su esposa a Europa. Este papel seguramente se verá muy bien allí, pero es bastante probable que el dinero no le alcance para ello.”

Escribo esto con el fin de invitarlos a no creer a ojo cerrado todo lo que dicen esos candidatos que les prometen salud, educación, vivienda y otros derechos gratis y de la mejor calidad, pues en muchos casos no es posible proporcionalos y en ningún caso son gratis. Esos derechos cuestan y bastante. Los pagamos los contribuyentes con dinero que representa tiempo de nuestro trabajo.

(Artículo publicado en la Revista John Galt el 27 de marzo de 2018)

Por: Daniela Escobar Arbelaez- Abogada de la Universidad de los Andes.

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Abogada de la Universidad de los Andes con opción en Filosofía. Ha escrito columnas de opinión en diferentes medios. Interesada en temas de ética, filosofía política y del derecho.
Correo: descobararbelaez@gmail.com

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