Objetar la JEP garantiza la paz y la libertad

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Se suma sigilosamente un nuevo actor dentro del debate nacional ocasionado por parte del Presidente de la República en torno a las objeciones por inconveniencia presentadas a seis (6) artículos del Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, esto es, la Corte Constitucional, quien al parecer mediante providencia resolvería unas inquietudes presentadas por el representante a la cámara Alejandro Chacón dado el contexto sui géneris del mismo. La noticia la dio a conocer la Corte a través de su twitter así:

Esta publicación prendió las alarmas en diferentes sectores académicos y políticos del país, especialmente frente a los miembros del Congreso quienes deben tramitar las objeciones presentadas por el Presidente, y de manera muy significativa, a quienes militan en el Centro Democrático.

En razón a lo anterior, me permito estudiar la eventual intervención de aquella autoridad judicial desde la perspectiva del principio de separación de poderes que rige en nuestro actual Estado, advirtiendo, que la misma, en esta etapa, no es apropiada y de presentarse, es una clara vulneración a este principio.

Como lo ha expuesto la Corte Constitucional en sentencia C-630 de 2014 el principio de separación de poderes (frenos y contrapesos) se encuentra plasmado en el artículo 113 de la Constitución, el cual garantiza que el ejercicio del poder pueda limitarse, en la medida en que los órganos del poder público tengan funciones diferentes y que se encuentren perfectamente bien definidos en nuestra constitución.

Según el jurista y académico argentino Gargarella[1],  James Madison (teórico político estadounidense) dejó claro que el objeto del sistema institucional de frenos y contrapesos es la de “resistir las instrucciones de una rama de gobierno sobre las demás”, por lo que en el ejercicio de la misma, los órganos del estado optan por una estrategia institucional de “paz armada”. Así las cosas, las objeciones presidenciales al proyecto de ley JEP pueden definirse como una estrategia institucional de paz armada por parte del Gobierno nacional en desarrollo del principio de separación de poderes, por lo que el mismo, en este contexto, es legítimo.

Adicionalmente, señala Gargarella que Madison expuso que el elemento motivacional del esquema institucional de los pesos y contrapesos del poder público, es el autointerés de los ciudadanos y funcionarios, en otras palabras, este modelo, trata de contraponer, según el académico argentino; la ambición a la ambición. Esto significa, siguiendo al citado autor, combinar los “medios constitucionales” con los “móviles personales”. Los primeros, dotan a los funcionarios de herramientas defensivas apropiadas y equivalentes, para, en buenos términos, resistir a los ataques de las otras ramas.

En esta perspectiva, nos encontramos en un legítimo desarrollo del esquema de frenos y contrapesos o principio de separación de poderes, cuando los funcionarios combinan sus móviles personales con medios constitucionales, pues esta combinación, permiten alcanzar los objetivos satisfactorios para el interés general. Sin embargo, esto no ocurre en el debate actual de las objeciones presidenciales.

La Corte Constitucional, al parecer pretende intervenir en el trámite de las seis (6) objeciones al proyecto de ley estatutaria JEP por parte del Congreso, lo cual, en principio pudiera considerarse una actuación constitucional en el marco del principio de separación de poderes, pero no es así, pues revisada las funciones de esta autoridad judicial previstas en el artículo 241 de nuestra carta magna, no tiene competencia para resolver inquietudes presentadas por los honorables parlamentarios sobre objeciones presidenciales.

Así pues, de actuar la Corte en este caso e impedir el estudio de las objeciones por parte del Congreso, lo haría con motivos personales (móvil personal) y no en virtud de un medio o mandato constitucional a su cargo (pues no lo tiene), lo que rompe el esquema institucional de los pesos y contrapesos de los poderes públicos, y desvela un actuar de esta corporación en contra de lo dispuesto por nuestra Constitución y a favor un interés propio.

Como consecuencia de esto, la herramienta que pretende utilizar este tribunal, se califica como inapropiada e in equivalente en el marco del principio de separación de poderes, pues está haciendo uso de un medio que no se encuentra perfectamente definido en la Constitución, el cual además, no puede ser limitado por otro órgano del poder público, rompiendo el equilibrio de poderes propio de un Estado de Derecho.

Lo defensores del principio de separación de poderes, según Gargarella, exponen que este modelo favorece el dialogo público, pues el hecho de que las decisiones se tomen entre diversas ramas del poder, a partir de mecanismos de pesos y contrapesos, ayuda a que las iniciativas normativas, como las leyes, “se moderen, se maticen y se enriquezcan con puntos de vista diversos”.

Es por esto, que impedir la discusión de las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, también impide que aquella iniciativa normativa pueda ser moderada, matizada y enriquecida por el ejecutivo, lo que sería aberrante para un Estado en donde el poder está dividido y se funda en la democracia.


[1] Gargarella, R. El Nuevo Constitucionalismo dialógico, frente al sistema de los frenos y contrapesos.

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Abogado de la Universidad del Tolima, especialista en Derecho Administrativo y candidato a Magister en Derecho Público de la Universidad Santo Tomás en convenio con la Universidad de Konstanz de Alemania.

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