Maximiliano Abondano marzo 15, 2019

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Los nuevos paradigmas jurídicos que experimenta el derecho constitucional latinoamericano y global, cuyo centro es la aceptación de los derechos humanos y su positivización en las distintas constituciones, vinieron a modificar la vieja idea de garantías individuales. Ya no es el Estado el que otorga a sus ciudadanos los derechos que bien prefería, y con esto la posibilidad de privar arbitrariamente de sus derechos a los gobernados; ahora el Estado se obligaba a reconocer los derechos naturales del hombre, su dignidad y su calidad de ser humano. Pero para comprender esta nueva visión primero deberíamos de entender cuáles son los derechos fundamentales y cuales son simples necesidades. Mantener un marco legal viable tiene aparejada la necesidad de no confundir estos conceptos.

Partiendo de la idea de libertades negativas deberemos atribuir el título de derechos humanos a aquellos que para su realización no es necesaria la vulneración del derecho de un tercero, sino la no acción de las personas para la no vulneración de mis bienes jurídicos, estos son la vida, la propiedad y la libertad. Por ejemplo, podemos tomar el bien jurídico vida, y entender que para garantizarlo basta con que un tercero no cometa la acción de privar de la vida a otro.

En contraposición encontramos la ficción jurídica de los derechos sociales (o las necesidades mal entendidas como derechos), los cuales actúan como antagónicos de los derechos negativos: para garantizar el derecho social a la educación, refiriéndome al otorgamiento de educación pública y gratuita, es menester comprender que dicho servicio es un bien económico y escaso, como señala Axel Kaiser en su artículo bien titulado “¡La educación no es un derecho! En otras palabras, podemos decir que es un bien que para su manutención y ejercicio requiere capital de inversión. Este capital deberá de ser extraído de las arcas públicas si es que se desea financiar con fondos públicos y otorgarlo de manera gratuita o diezmar el precio que representará para los beneficiados. El problema esencial es que el Estado no produce capital, sino que lo extrae por medio de impuestos, o como dice el economista y abogado mexicano Luis Pazos, en su libro “Desigualdad y distribución de la riqueza”, expropia parte de los ingresos de las personas para su redistribución, misma que puede destinarse al otorgamiento de educación pública.

Como podemos ver, para garantizar derechos que no sean los llamados derechos negativos, es necesaria la violación del derecho de un tercero. En el caso del ejemplo el derecho violentado es el de la propiedad, obligando a la gente que todos los días le gana al sol para ir a un trabajo y llevar sustento a sus casas, a dar, de manera forzada, una parte de su ganancia al Estado para que éste lo distribuya de manera ineficaz, terminando siempre en manos de un grupo de burócratas.

Es por esto que podemos encontrar la respuesta de la inviabilidad e ineficacia de las instituciones públicas contemporáneas para la realización de sus metas. Metas que fincan, a mi parecer, su propia ruina. No se trata de un deterioro de las instituciones, o la corrupción presente en las mismas (problema por demás grave), sino de que su génesis se encuentra plagado de limitantes, encontrando en primer lugar lo inmoral de su recaudación de capital, y en segundo la falta de incentivos correctos y de mantenimiento en el poder (tema que se puede consultar en el siguiente artículo https://misesreport.com/es-mejor-lo-publico-o-lo-privado/), lo que convierte las buenas acciones en programas que acaban cayendo al abismo.

Como ejemplo de lo anterior me gustaría atreverme a tocar un tema muy ríspido en el debate contemporáneo: el salario mínimo.

Cuando un gobierno decreta, por mandato, el aumento indiscriminado del salario mínimo, lo único que hace es descuidar su función principal, la cual es el otorgamiento de seguridad pública, y produce una mayor cantidad de desempleo o de empleo informal. El salario debería, en mi muy humilde opinión, ser un tema estipulado por la productividad industrial y no por un decreto gubernamental. Cuando el gobierno emprende la empresa de redistribuir la riqueza sin contemplar el comportamiento del mercado solo comienza el fin de una institución cuya sepultura es inminente. Como ejemplo podemos encontrar el aumento indiscriminado del salario mínimo en Venezuela efectuado el 1 de diciembre de 2018. Salario que pasó de 1,800 bolívares a 4,500 bolívares soberanos. Esto sin contar que era el sexto incremento durante el 2018.

Como conclusión quiero afirmar de manera contundente que la opinión de este humilde columnista no es con el afán de ignorar los problemas sociales, sino señalar que la intervención Estatal en ellos no es la solución. Las buenas acciones deben de partir de corazones dispuestos. Quien esté en condiciones y en con el deseo latente de ayudar ¡que ayude!, pero que no se espere que por medio del robo a los contribuyentes se generen ayudas sociales reales.

Bibliografía:

 

 

1 pensamiento a “No convirtamos las necesidades en derechos

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