Los pobres pagan los costos de la sostenibilidad

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La palabra “sostenibilidad” es una de las más usadas por artistas, periodistas, docentes y todos los jovenzuelos universitarios. Dado el uso tan común de la palabra, uno espera que todos sepan el significado de la misma, o entiendan la cosmovisión que sostiene a ese concepto.

Algunos asumen que sostenibilidad es un manejo responsable de los recursos naturales, otros que es la reducción del uso de gasolina y otros hidrocarburos, algunos que es el cuidado de los animales, y los más radicales hasta lo asocian con las dietas veganas.

La verdad es que la palabra “sostenibilidad” entró al léxico común en 1987 con la publicación de “Nuestro Futuro Común”, documento elaborado por la “Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Ambiente y el Desarrollo”, a cargo de Maurice Strong (uno de los principales impulsores del ambientalismo y las teorías neo-maltusianas).

Desde ese entonces, la ONU ha usado el pretexto ambiental para acrecentar su poder. Por ejemplo, el año 2015 se elaboró la “Agenda 2030” que consta de 17 puntos. La palabra “sostenibilidad” ahora viene acompañada de “equidad” e “inclusión” que se repiten como una especie de mantra. En realidad, el documento entero es un ejemplo de la “neo-lengua”, una herramienta al servicio del poder político muy bien anticipada por George Orwell en su novela “1984”.

Si uno lee el documento, se encuentra que el concepto de “desarrollo” se liga a la planificación central de la economía. Pero no en Estados nacionales, que de por sí son malos, sino en manos de las agencias de la ONU que operan como ministerios de un gobierno único mundial imponiendo leyes mediante acuerdos internacionales.

El punto No1 es: “Erradicar la pobreza”. ¡Genial! Si este objetivo se hubiera ligado a políticas que liberen los mercados laborales, reduzcan aranceles de importación, rebajen tasas impositivas y se deje funcionar al capitalismo. Pero no, inmediatamente después, y a lo largo de todo el documento, se habla de programas de seguridad alimentaria, agricultura “sostenible” e industrialización a cargo de los burócratas estatales.

Básicamente, eso significa más regulaciones, tasas e impuestos.

La pregunta que nadie hace es ¿Quiénes pagan los costos de tanta regulación? Pues los pobres.

Por un lado, las enormes cargas regulatorias y burocráticas son imposibles de cumplir para las pequeñas empresas y son la principal causa para la formación de monopolios. En este punto, es necesaria una pequeña aclaración: un monopolio no es la empresa más grande como enseñan los economistas del “mainstream”, sino empresas que gozan de privilegios por sobre el resto de la población como enseñan los maestros del “Public Choice”.

Por otro, las grandes corporaciones no tienen problemas en pagar los impuestos, y tampoco en pagar coimas para evitar la burocracia. Esos costos hundidos serán muy bien recuperados cuando aprovechen su posición monopólica para vender productos a precios muy caros a naciones enteras. Bolivia, mi país de origen, es el clásico ejemplo de empresas monopólicas en sectores como el turismo, la explotación maderera, la exploración minera o la innovación en agricultura.

Finalmente, cuando una empresa no está dispuesta a cargar con impuestos y sobornos hará lo más sensato; trasladar sus inversiones a otro lugar. Como siempre, serán los pobres que se quedarán sin sus productos y, en muchos casos, sin trabajos. Recuerde algo, no son los empresarios quienes necesitan de los trabajadores, sino al revés.

El único camino para salir de la pobreza y tener medio ambiente limpio es el capitalismo con sus tres pilares fundamentales: 1) Gobierno Limitado 2) Mercados Libres y 3) Propiedad Privada.

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HUGO BALDERRAMA ES ECONOMISTA MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y PHD. EN ECONOMÍA

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