La legalización del aborto pone en cuestión la existencia del Estado

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Un Estado “democrático” que legaliza el aborto es un Estado que da su consentimiento a dejarse descarrilar de sus funciones esenciales. Se abre una puerta que deja el precedente de que el Estado está habilitado para recortar libertades y derechos fundamentales.

México.  Septiembre ha sido un mes con distintas activaciones ciudadanas, de entre ellos, el movimiento nacional provida se ha manifestado a través de marchas y presencia en múltiples sitios a lo largo del territorio mexicano. Con motivo a la convocatoria de la marcha nacional que se llevará a cabo el siguiente 21 de septiembre en casi todos los estados del país, decidí abordar la trascendencia política del tema del aborto que, para el pesar de muchas mentes, va mucho más allá que lo que postula la pregunta reduccionista: ¿Despenalizar o no el aborto? Como si se tratase de un pequeño cambio a un artículo del código penal y no más. 

No es sorpresa que la marcha próxima en tiempo engloba tres temas: vida, familia y libertad, pues todos parten de la fatiga ciudadana que predomina en el país frente a la invasión por parte del Estado en la esfera de la vida privada de los ciudadanos que tiene como consecuencia directa el menoscabo de los derechos humanos más básicos. Es importante entender que los derechos humanos, como lo es el derecho a la vida, son tutelados por tratados internacionales que se versan sobre declaraciones y no se presentan como leyes positivas. Es decir, que no son una ley que confiere a los seres humanos el carácter de sujetos de derechos sino que son una toma de conciencia de que todo ser humano tiene derechos inherentes a su condición humana que le corresponden con anterioridad a toda declaración explícita y a toda ley, incluso si éstas están destinadas a protegerlos. Lo único que puede hacer una legislación respecto a los derechos humanos es respetarlos y fomentarlos. Una de estas declaraciones es la Declaración de los Derechos del Niño que protege a los niños desde el vientre materno y expresamente contempla la obligación de los Estados a velar por los todos niños, incluyendo los pequeños en gestación. 

El Estado por lo tanto debe reconocer la realidad humana que consta de que la existencia de los seres humanos, como sujetos de derechos, es anterior a su propia instauración: 

El Estado no es el centro radical de la cosa política. Solo tiene fundamento, o más bien legitimidad, en la medida en que engloba un consenso libre, emanado justamente de las voluntades libres de los miembros del cuerpo político. Estos miembros se asocian políticamente porque, más allá de sus divergencias o incluso sus conflictos, existe entre ellos un acuerdo fundamental sobre ciertas normas de vida – como la que prohíbe el homicidio o la que reconoce a cada ser humano como sujeto de derechos – si este consenso sufre merma se pone en duda la calidad misma del régimen. (Doty, 1978)

Por ello, la legalización del aborto implica necesariamente una revisión del orden político actual y su legitimidad, pues atenta contra uno de los principios fundamentales que llevaron al acuerdo de la asociación política. ¿Por qué existe entonces el Estado si la ciudadanía precisamente de quien busca protegerse es de éste? ¿Por qué habrían los ciudadanos de respetar las leyes si son las mismas leyes las que no los respetan? Como dijo Bastiat:

Cuando la ley y la moral se contradicen una a otra, el ciudadano confronta la cruel alternativa de perder su sentido moral o perder su respeto por la ley.”

La principal función de lo jurídico es dotar de seguridad las relaciones entre seres humanos libres, por ello, el Derecho no puede estar al servicio del homicidio y de la destrucción humana. Si mediante un proceso jurídico se legaliza un crimen, como es el caso del aborto, se está frente a un orden político impuesto en donde no existe legitimidad ni Estado de Derecho. En una sociedad democrática, el estado de derecho no se caracteriza por la simple existencia de la ley, sino por el cumplimiento de la ley llevado a cabo por todos (sí, incluyendo a gobernantes, legisladores y jueces). Un Estado “democrático” que legaliza el aborto es un Estado que da su consentimiento a dejarse descarrilar de sus funciones esenciales. Se abre una puerta que deja el precedente de que el Estado está habilitado para recortar libertades y derechos fundamentales. Se inicia un proceso que altera la naturaleza democrática del orden político y jurídico hacia una transformación totalitaria. ¿Qué se puede esperar de un Estado que pretende proteger a los niños y al mismo tiempo se esmera por legalizar el aborto? 

El ser humano está empeñado en repetir la historia, las declaraciones de derechos humanos nacieron de la reacción civil de proteger al individuo frente al acaparamiento del poder. Sin embargo, los partidarios de la cultura de la muerte (aborto, eutanasia, suicidio asistido, etc.) pretenden instaurar un movimiento en sentido inverso: piden al Estado disminuir el alcance de estas mismas declaraciones de derechos. ¡Qué ironía! Buscan recortar los derechos que expresan las grandes declaraciones lo cual es literalmente, retrógrada. 

Las leyes de regulación del aborto están condenadas a crear un monstruo que dispone de los ciudadanos como le place. Por ello, no es cosa menor que la ciudadanía se levante a manifestarse por  medio de marchas, es un mensaje claro: se está cuestionando la legitimidad del Estado mediante un grito al unísono: ¡Vida, familia y libertad! La resistencia civil también se convierte en poder.

 

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Fuentes:

David B. Doty, Population and Development Review, vol. 4, no. 2, (junio 1978) pp. 313-321. 

 

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Abogada de profesión, intelectual por convicción, escritora por vocación.
Explora el mundo de las ideas de libertad en el Derecho.
Embajadora de Live Action en México.

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