La verdadera historia del conflicto armado en Colombia – Parte III: 1982-2017  

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El año que lo cambió todo. 1982 significó un punto de inflexión en el conflicto armado colombiano. Ese año las FARC se involucran en el negocio del narcotráfico, lo que les permite contar con la fuente de financiamiento más poderosa que hayan tenido en su historia.

Como recordará el lector, el socialismo militar del presidente Turbay cerró las puertas a la legalización, lo que provocó el estallido de la narco-violencia. Las jugosas ganancias obtenidas por la producción de drogas (principalmente cocaína) convirtieron a la guerrilla en un poderoso ejército, pasando de 16 frentes de combate a 36, con presencia en todo el territorio nacional (Duque, 1991).

El fortalecimiento táctico conllevó a la creación de una nueva estrategia de lucha: valerse del terrorismo para presionar al gobierno a buscar una solución negociada al conflicto. El presidente de la época, Belisario Betancur (1982-1986) cedió fácilmente a las presiones, instalando una mesa de diálogos con la guerrilla. Al proceso de paz se sumarían otros grupos al margen de la ley, creados directa o indirectamente, por el Partido Comunista Colombiano (apéndice de Moscú): el M-19 (brazo urbano de las FARC), el ELN, el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento de Autodefensa Armada.

En los años ochenta y parte de los noventa, el país presenció un fortalecimiento del ELN, guerrilla que se expandió vertiginosamente por todo el territorio nacional. Las otras guerrillas fueron mucho más reducidas en número e influencia, por lo que irían desapareciendo gradualmente.

Ahí no terminaban las buenas noticias para la subversión. En noviembre de 1982, el presidente Betancur sanciona la Ley 35, por la cual concede una amnistía a todos los grupos guerrilleros, sin exigencia de desmovilización. Con ello se les otorgó una licencia indefinida para matar.

Las FARC, la guerrilla más grande, estaba cada vez más cerca de la toma definitiva del poder. Para prevenir cualquier ataque del gobierno, conformó una alianza estratégica con sectores del Ejército, basada en la repartición de las ganancias del narcotráfico (Duque, 1991).

En 1984, el gobierno consigue la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Al igual que en la amnistía, jamás se contempló la entrega de armas por parte de ese grupo subversivo. De ese acuerdo nace la Unión Patriótica, partido con el que varios comandantes guerrilleros ingresan a la vida política legal sin abandonar las armas, siguiendo así la famosa tesis leninista de la “combinación de todas las formas de lucha”.

El 6 de noviembre de 1985, el M-19, brazo urbano de las FARC, protagoniza uno de los episodios más oscuros de la historia del país: la Toma del Palacio de Justicia, (sede del Poder Judicial) que dejó un saldo de 94 muertos. La acción es considerada como holocausto y masacre.

Hasta el día de hoy subsisten dudas sobre este suceso. Existen versiones que señalan que el gobierno ya conocía de antemano el ataque y que el día del atentado ordenó recortar las medidas de seguridad del Palacio para facilitar el ingreso de los guerrilleros. Esta hipótesis no resulta descabellada, puesto que en la lucha entre el Poder y la Libertad, Estado y subversión combaten en el mismo lado.

Más oscuros aún fueron los sucesos que condujeron a la retoma del Palacio de Justicia. Algunas personas fueron sacadas con vida del edificio por parte de las fuerzas militares, pero después aparecieron muertas, otras jamás aparecieron. Se habla de un crimen de Estado.

La violencia reinaba en el país. Evidentemente, el Estado no resolvería la situación, pues él era parte del problema. La solución vino dada por decenas de ciudadanos que organizaron grupos de autodefensa a lo largo y ancho del país para combatir a las guerrillas.

A finales de los años ochenta tuvo lugar el genocidio de la Unión Patriótica, el partido de las FARC. Sus autores intelectuales fueron los propios comandantes guerrilleros, entre ellos Jacobo Arenas (cofundador de la guerrilla), quienes necesitaban de un acontecimiento de esa naturaleza para justificar la lucha armada. Más de 3000 personas fueron asesinadas, al mejor estilo de las purgas estalinistas.

Al respecto, son muy dicientes las palabras de un dirigente de la Unión Patriótica que sobrevivió a la purga:

“Jacobo (comandante de las FARC) nunca quiso que el partido fuera más que la apertura de un espacio político para el movimiento militar. Esto hacía parte del plan de guerra. Éramos el batallón de sacrificio de tal manera que pudiera justificar la guerra. Casi toda guerra necesita su chivo expiatorio, Jacobo lo sabía, nosotros lo sabíamos… Éramos los desechables” (Dudley, 2008, p. 149).

Es importante destacar que en este genocidio también participaron sectores de las fuerzas armadas y los narcotraficantes, quienes habían declarado la guerra a las FARC (y a su partido) por el control del negocio de la cocaína.

El país quedó sumido en el narcoterrorismo. Los cárteles y las FARC intensificaron su ofensiva contra la población civil. Esa era la nefasta consecuencia de la prohibición de las drogas.

En 1986, el presidente Virgilio Barco (1986-1990) da por terminado el proceso de paz con las FARC. Los comandantes que se encontraban en la vida civil retornan a las montañas a continuar la lucha armada. En todo ese tiempo, el Partido Comunista Colombiano dirige los hilos en la sombra.

Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, desaparece el jefe ideológico del PCC-FARC. A pesar de ello, las guerrillas se mantienen en pie gracias al narcotráfico y al enorme poder territorial que amasaron en casi treinta años de conflicto.

La década de los noventa fue la de las tomas guerrilleras. Así mismo, aumentaron los casos de secuestro extorsivo y de atentados contra la infraestructura. Como respuesta, en 1997, los grupos de autodefensa dispersos por todo el país conforman una sola organización: las Autodefensas Unidas de Colombia, una estructura militar con mando unificado y programa político.

Las AUC emprenden una exitosa ofensiva militar contra la guerrilla del ELN que la dejó ad portas de la desaparición total, dejando a las FARC como la única guerrilla importante del país.

La historia de las autodefensas es triste. Con el pasar de los años, la cúpula de la organización se involucró en el negocio del narcotráfico y se dejó permear por la ambición política, sellando alianzas con políticos regionales y sectores de las fuerzas armadas. En Colombia, se suele decir que las autodefensas corrompieron al Estado. En realidad fue todo lo contrario.

La cúpula corrupta de las AUC convirtió a la organización en una especie de guerrilla, defensora de la autoridad estatal. Al igual que su contraparte subversiva, también recurrió al terrorismo. Entre 1999 y 2003 ejecutó las peores masacres contra población civil que haya visto el país. No obstante, algunos bloques de la organización manifestaron su desacuerdo con la cúpula y continuaron como ejércitos privados antisubversivos, sin ninguna relación con el crimen ni con los políticos.

En 1998 asume la presidencia Andrés Pastrana (1998-2002) quien abre un nuevo proceso de negociación con las FARC. Para ganarse la confianza de sus líderes, le entrega a esta organización armada un área de 42.000 km2, casi lo que tiene Suiza, para que allí llevaran a cabo sus operaciones. Esto les recordó a muchos la época de las repúblicas comunistas.

Efectivamente, en esa zona, conocida como la “Zona de Distensión”, impusieron su ley, conformando un Estado dentro del Estado colombiano. Desde allí planearon la fallida toma de Bogotá, con la que pretendían derrocar al gobierno e instalarse definitivamente en el poder. El proceso de paz culminó en 2002, con el rompimiento de las negociaciones, la recuperación de la Zona de Distensión y la implementación del Plan Colombia.

La “Seguridad Democrática”

En agosto de 2002 toma posesión Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), artífice de la política de “Seguridad Democrática”, que exhortaba a todos los ciudadanos a colaborar con las fuerzas armadas en la derrota de la guerrilla. Esta política está basada en el enfoque de la amenaza terrorista, concepto copiado a Baby Bush.

Cinco días después de haber asumido el poder, Uribe declaró el “estado de conmoción interna”, asumiendo poderes especiales con los que restringió las libertades básicas en el país durante 90 días. La primera medida fue el cobro del “impuesto al patrimonio” a todos aquellos ciudadanos con un patrimonio líquido declarado igual o superior a 57.000 dólares (precios corrientes del 2002).  Esto con el fin de financiar la expansión del gasto militar.

Aparte de esta medida expropiatoria, Uribe ordenó la interceptación de llamadas telefónicas sin orden judicial previa, restringió la entrega de información oficial a los medios de comunicación y limitó el uso de artículos de primera necesidad para el público en general.

La Seguridad Democrática representó el regreso del socialismo militar a Colombia. Pero, a diferencia de Turbay, Uribe pudo acumular mucho más poder. Fue capaz de someter a la prensa para que inflara sus cifras de popularidad y lo mostrara ante la opinión pública como el Mesías que liberaría a Colombia del yugo terrorista.

Es necesario decir un par de cosas sobre Uribe. La primera es que ha creado una imagen distorsionada de sí mismo para engañar a Colombia y al mundo. Generalmente, se le presenta como uno de los mayores defensores de la libertad en el mundo. Tristemente, muchos liberales han caído en la trampa.

Durante toda su vida política, Uribe ha mantenido un doble discurso con respecto a la guerrilla. Ante la opinión pública, en aras de preservar su mesiánica imagen, habla de sometimiento y derrota militar, pero en secreto, es uno de los más grandes aliados que ha tenido la subversión en toda su historia. En 1992, después de la desmovilización del M-19, el entonces congresista Uribe promovió la amnistía que se le concedió a ese grupo terrorista para los delitos más atroces, como el holocausto del Palacio de Justicia, el cual quedó indultado automáticamente.

Como presidente, al adoptar el enfoque de “amenaza terrorista” popularizó la idea de que la guerrilla carece de contenido ideológico. De esa manera, borra de la historia la responsabilidad que tiene el Partido Comunista en la situación de violencia que vive el país y, aún peor, de los Estados que estuvieron detrás de él.

Ideológicamente, Uribe está en las antípodas del pensamiento libertario. Pocas personas saben que su círculo más cercano está compuesto por viejos militantes comunistas que jamás han abjurado del credo marxista. Por otra parte, gran parte de su carrera política la desarrolló en las filas del Partido Liberal – que en Colombia es sólo de nombre porque es un partido de izquierda al estilo de los partidos socialistas europeos –.

La diferencia entre el socialismo de Uribe y el de las FARC es que el primero es de línea maoísta, mientras que el segundo es estalinista (Duque, 2008). Los colaboradores más antiguos de Uribe provienen, precisamente, de pequeños partidos maoístas opuestos a la guerrilla en asuntos tácticos. Nada más que eso.

Durante su gobierno, Uribe lanzó el programa de “confianza inversionista”, el cual descansaba en dos pilares: la realización de negocios entre el gobierno colombiano y empresas del Estado chino,  y el favorecimiento mercantilista de los grupos empresariales afectos al “uribismo”. A nivel político, el presidente estrechó lazos con Pekín, viajando varias veces allí a rendir pleitesía a la memoria de Mao.

Probablemente, Uribe quiso implementar en Colombia una versión del llamado “socialismo de mercado” vigente en el gigante asiático. De ahí su rechazo a la receta soviética aplicada en países vecinos como Venezuela, Ecuador o Bolivia. Los roces diplomáticos que se presentaron con estos gobiernos obedecían a cuestiones de forma.

Uribe es semejante a Robert Hanssen, aquel agente del FBI, cuyo férreo catolicismo y anticomunismo fanático, no permitieron que nadie sospechara que en realidad era un espía de la Unión Soviética (Duque, 2006).

A través de elaboradas técnicas de manipulación se exageraron los logros de Uribe, especialmente, en el área de seguridad. Se llegó a deificar su figura, a tal punto que todo lo “no uribista” era visto con recelo. Usando su inmenso poder político, en 2004, el presidente recurre a métodos ilegales para conseguir que el Congreso aprobara la reelección presidencial, por entonces prohibida en Colombia. Tras una modificación constitucional queda facultado para presentarse a un segundo mandato en 2006.

Antes de finalizar su primer periodo (2002-2006), Uribe pacta con la cúpula corrupta de las Autodefensas Unidas de Colombia la desmovilización de esta organización, incluyendo la de los bloques que aún servían como legítimos ejércitos privados de autodefensa (Duque, 2006). De esa manera, acabó con los únicos actores armados que tenían la capacidad de derrotar a la guerrilla. La subversión no podía estar más agradecida con el presidente.

Para el 2006, la guerrilla estaba intacta y contaba con nuevos apoyos internacionales: el del sátrapa venezolano Hugo Chávez y el de otros grupos terroristas como Al Qaeda, ETA y Hamas.

Ese año Uribe gana la reelección con más del 60% de los votos. El país estaba obnubilado por su presencia. Falsamente, se difundía en los medios de comunicación el inicio del fin de la guerrilla. Lo único que logró la Seguridad Democrática fue la militarización de las carreteras para crear la ilusión de seguridad.

La imagen mesiánica de Uribe se vio fortalecida en 2008, cuando da de baja a importantes comandantes de la guerrilla y dirige el rescate de varias personalidades políticas y militares que este grupo terrorista mantenía secuestrados (la célebre Operación Jaque, sobre la que existen indicios de una negociación secreta entre gobierno y guerrilla).

El golpe fue mediático. La guerrilla continuó existiendo. A partir de declaraciones de desmovilizados, se sabe que en la estrategia de guerra de las FARC la baja de sus comandantes no es relevante, pues la guerra de guerrillas es descentralizada. Si un mando cae puede ser reemplazado inmediatamente sin dificultades (Duque, 2006). De igual manera, en cincuenta años de conflicto han sido capaces de consolidar una poderosa red de milicianos y colaboradores en todas las zonas del país. Las tácticas de guerra regular que emplea el Estado jamás podrán derrotarlos, sólo las legítimas autodefensas no corruptas podían hacerlo.

El mandato de Uribe culminó en 2010. Una vez más, haciendo uso de su enorme influencia, intentó manipular las leyes para conseguir un tercer mandato, al mejor estilo chavista. Las altas cortes negaron esa posibilidad.

Al retirarse del poder, las FARC seguían intactas, gozando de las atenciones del gobierno venezolano, que les permitió a sus máximos cabecillas refugiarse en aquel país con todas las comodidades. Incluso se les permitió instalar campamentos para dirigir operaciones militares.

¿Cuál era el propósito de Uribe con ese doble juego? Por un lado, aumentar el poder del Estado y obtener réditos políticos a partir de la declaratoria de “amenaza terrorista” que, a la vez, servía como cortina de humo para encubrir sus servicios a la subversión. En ocho años de mandato no quiso ni pudo acabar con la guerrilla, sólo se dedicó a propinarle golpes simbólicos para embelesar a la opinión pública, demostrando una vez más la íntima alianza entre Estado y subversión.

El triunfo del Poder

Al negársele la posibilidad de un tercer mandato, Uribe designa como heredero de su legado a Juan Manuel Santos, miembro de una de las familias políticas más poderosas del país, amigo de Fidel Castro, Nelson Mandela y Tony Blair, socialista convencido y oportunista de tiempo completo.

En 2010, Santos resulta elegido con los votos de los fieles uribistas. Una vez instalado en la oficina presidencial, retoma la agenda de acercamientos de paz que su antecesor ya tenía avanzada con las FARC.

En el 2012, Uribe rompe relaciones políticas con su sucesor, declarándose en oposición al gobierno. Todo es una farsa. Ambos están en el bando del Poder. Ese mismo año, Santos anuncia al país el comienzo de un nuevo proceso de paz con la guerrilla. La aparente oposición le sirve a Uribe para mantenerse vigente en la política. De hecho, en las elecciones presidenciales de 2014, donde Santos es reelegido, gana un escaño en el Senado.

El proceso de paz duró cuatro años. Finalmente, en septiembre de 2016 se firma un acuerdo de paz definitivo entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. De manera paralela, se lleva a cabo un proceso de paz con la insignificante guerrilla del ELN, que aún no ha finalizado.

El presidente Santos convoca a un plebiscito para que la ciudadanía decida si aprueba o no la implementación del acuerdo de paz. La segunda opción (la del No) se alza con la victoria. El resultado obliga al gobierno a renegociar con las FARC. Se trató de un nuevo engaño del Poder, pues sólo se hicieron ajustes de redacción.

El “nuevo” acuerdo de paz fue firmado el 24 de noviembre de 2016 y enviado al Congreso para su implementación. El documento contempla seis puntos para la “terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera”:

  1. Reforma Rural Integral. Que en palabras de los negociadores contribuirá a la transformación del sector agropecuario a través de planes y proyectos dirigidos por el Estado.
  2. Participación política para los miembros de las FARC. Esta organización desaparece como movimiento armado para convertirse en un partido político legal. Entre las medidas que más llaman la atención en este punto destacan dos: la creación de un centro de pensamiento de ideología marxista-leninista, con recursos de los contribuyentes, y el otorgamiento de escaño para los guerrilleros desmovilizados en el Congreso, sin necesidad de pasar por elecciones.
  3. Fin del conflicto. Se declara el cese bilateral y definitivo de hostilidades entre las FARC y el gobierno colombiano. Así mismo, instaura las condiciones para la implementación del Acuerdo de Paz, una de ellas es la persecución contra todos aquellos individuos o sectores que se opongan a lo acordado.
  4. Solución al problema de las drogas ilícitas. El gobierno reafirma su compromiso con la fallida guerra contra las drogas y convierte a las FARC en aliado de esta lucha. En la actualidad, esta organización controla, aproximadamente, el 60% del mercado de las drogas ilícitas del país. Hasta la fecha niega cualquier nexo con el narcotráfico.
  5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. Enuncia acciones de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del conflicto. Sin embargo, tiende un manto de impunidad sobre los máximos responsables de delitos atroces (se promulgó una ley de amnistía) y desconoce la existencia de los 700 secuestrados que el grupo criminal aún mantiene en su poder.
  6. Implementación, verificación y refrendación. Se crea una comisión (más burocracia) para hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos y establece mecanismos de financiación (vía deuda externa y aumento de impuestos).

De ese modo, el Estado y la subversión superan sus aparentes diferencias y consolidan el triunfo del Poder sobre la Libertad.

El único responsable del conflicto armado es el Estado (colombiano, soviético, cubano o venezolano), fue él quien impulsó un estado de guerra permanente durante los últimos noventa años (si tenemos en cuenta los antecedentes del conflicto). La ideología es una cuestión subsidiaria. Si existe comunismo en Colombia y si tuvimos que padecer la cruenta violencia guerrillera fue gracias a que existieron Estados que la alimentaron.

La paz del Poder significa el asedio de la Libertad. Lo pactado en La Habana es la reconciliación de dos amigos después de una disputa. Ahora, Estado y subversión estarán unidos en una nueva etapa de agresión a las libertades.

Referencias

Dudley, S. (2008). Armas y urnas: historia de un genocidio político. Bogotá: Editorial Planeta.

Duque, D. (1991). Una guerra irregular entre ideologías: un enfoque liberal. Bogotá: Intermedio Editores.

________. (2006). Uribe, el gran embuste: bitácora de una traición. Bogotá: Librería y Editorial Filigrana.

________. (2008). El gobierno ilegal y el maoísmo uribista. Recuperado de http://dianaduquegomez.blogspot.com.co/2009/10/un-gobierno-ilegal-y-el-maoismo.html

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Economista. Anarcocapitalista y paleolibertario. Aficionado a la historia económica y a la teoría monetaria.

2 comments

  1. William Calvache 28 junio, 2017 at 14:49 Responder

    Después de leer los 3 capitulos de este escrito tengo 2 comentarios.

    Primero, el título que dice que es la verdadera historia es demasiado, esta es una versión, otra version del conflicto desde el pensamiento libertario, al estar influenciado por un pensamiento no se limita a contar una historia si no termina siendo una opinión.

    Segundo, las referencias y bibliografía están mal hechas.

  2. Juan Camilo Hill Osorio 8 noviembre, 2017 at 19:32 Responder

    Esto no es historia. Solo es una opinión y además con demasiados datos errados lo que excluye al texto de ser otra “versión” de la historia del conflicto armado en Colombia.

    “Aun cuando actúe sin una parcialidad maliciosa, proponiéndose ser lo más objetivo posible, su manera de entender la sociedad en que vive, sus actitudes políticas e ideológicas, condicionaran su capacidad de comprender y explicar los acontecimientos del pasado.” Fontana.

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