¿Por qué es tan fácil engañar con el discurso anticorrupción?

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Desde que se abandonó el liberalismo, el intervencionismo ha sido el principio inspirador de la política de todos los Estados europeos y americanos. Cuando el hombre de la calle, que no es experto en economía, valora los acontecimientos, lo único que nota es que los «interesados» encuentran siempre el modo de burlar la ley, y acaba atribuyendo el mal funcionamiento del sistema exclusivamente al hecho de que la ley no es capaz de ir hasta el fin y a la corrupción que impide su aplicación.

Los propios fracasos de la política intervencionista refuerzan en él la convicción de que es la propiedad privada la que tiene que ser controlada por leyes más restrictivas. El hecho de que sean precisamente los órganos del Estado encargados del control los que protagonizan la corrupción, en lugar de afectar a su confianza en la infalibilidad y pureza inmaculada del Estado, no hace sino llenarle de disgusto moral respecto a los empresarios y los capitalistas.

Ahora bien, la violación de la ley no es, como quieren hacernos creer los estatistas, un simple inconveniente que hunda sus raíces en la ineliminable debilidad de la naturaleza humana o un abuso que bastaría atajar para crear el paraíso en la tierra.

Las leyes intervencionistas llevan a resultados absurdos

Si realmente se observaran las leyes intervencionistas, llevarían en muy poco tiempo a resultados absurdos. Todo el mecanismo quedaría paralizado bajo el fuerte brazo del Estado. A los ojos del hombre de la calle es como si agricultores y fabricantes de leche se hubieran conjurado para subir su precio.

Y entonces interviene el Estado benefactor, en su papel de defensor del interés general contra los intereses particulares, del punto de vista de la economía general contra la economía privada, para poner remedio a la situación creada: desbarata el cártel de la leche, fija un precio máximo y persigue penalmente a los transgresores de sus prescripciones.

La razón de que el precio de la leche no sea bajo, como desearía el consumidor, debe buscarse —piensa nuestro ciudadano— en las leyes, que no son suficientemente duras, y en la incapacidad de aplicarlas con suficiente rigor. No es fácil luchar contra el afán de lucro de los grupos que persiguen su interés particular a costa de los intereses de la colectividad. Lo que hace falta es endurecer las leyes y hacer su aplicación más estricta y despiadada, sin contemplaciones ni miramientos. Lo cierto es que las cosas suceden de un modo muy diferente.

Intervención = Escasez

Si la regulación de los precios se aplicara realmente, se bloquearían tanto la producción de leche como su distribución a las ciudades. Habría, no más, sino menos leche en circulación, e incluso vendría a faltar completamente. Si, a pesar de todo, los consumidores pueden seguir teniendo leche, es porque las prescripciones no se cumplen.

Si se quiere mantener la impropia y absurda contraposición entre interés público e interés privado, habría que decir que quienes comercializan la leche, burlando la ley, son quienes verdaderamente fomentan el interés público, mientras que el burócrata, que quiere imponer precios oficiales, lo perjudica.

Intervención = Obstáculos para la producción

Es evidente que al comerciante que se salta las leyes y las ordenanzas para seguir produciendo a pesar de los obstáculos que le pone la autoridad no le motivan esas consideraciones por el interés público con las que siempre se llenan la boca los partidarios del intervencionismo, sino tan sólo el deseo de obtener beneficios, o por lo menos de evitar las pérdidas que sufriría si observara escrupulosamente las normas establecidas.

La libre discreción de los funcionarios públicos

La opinión pública, que se escandaliza por la bajeza de tales motivaciones y por lo indigno de este comportamiento, no comprende que, sin ese rechazo sistemático de las prescripciones y prohibiciones del gobierno, la política intervencionista no tardaría en causar una catástrofe. La opinión pública espera que la salvación definitiva venga de la rigurosa observancia de las disposiciones estatales «en defensa de los más débiles», y a lo sumo reprocha al Estado que no sea lo suficientemente enérgico para hacer todo lo que es necesario, y no encargar del cumplimiento de sus normas a sujetos más capaces e incorruptibles. Pero con ello los problemas de fondo del intervencionismo siguen intactos. Quien se aventura a mantener un tímido interrogante sobre si son legítimas las drásticas limitaciones al poder de disposición de propietarios y empresarios, queda marcado como individuo comprado, al servicio de intereses privados que perjudican a la colectividad, o, en el mejor de los casos, se le castiga desdeñosamente con la conjura del silencio. Y quien no quiere perder la reputación y la carrera debe cuidarse muy mucho de poner en cuestión el cómo del intervencionismo, o sea las modalidades concretas de su puesta en práctica. Pero ser sospechosos de estar vendidos al «capital» es lo menos que puede suceder —y absolutamente inevitable— a quien en la discusión se sirve de argumentos rigurosamente económicos.

Si la opinión pública siente por doquier un tufo de corrupción en el Estado intervencionista, no le faltan razones. La venalidad de los políticos, de los parlamentarios y de los funcionarios públicos es la única base en que se apoya el sistema; sin ella, este se derrumbaría sin remedio para ser sustituido por el socialismo o por el capitalismo. Para el liberalismo, las leyes mejores han sido siempre las que ofrecen un margen muy estrecho a la discrecionalidad de los órganos encargados de aplicarlas, para así poder evitar lo más posible las arbitrariedades y los abusos. El Estado moderno, en cambio, trata de potenciar el poder discrecional de sus órganos burocráticos. Todo se deja a la libre discreción de los funcionarios públicos.

 

Author profile

Fue un economista austríaco de origen hebreo, historiador, filósofo y escritor liberal que tuvo una influencia significativa en el moderno movimiento libertario en pro del mercado libre y en la Escuela Austríaca.

Planteó lo perjudicial del poder e intervención gubernamentales en la economía que, según su teoría, por lo general llevan a un resultado distinto al natural y por esto muchas veces perjudicial para la sociedad, ya que generan caos en el largo plazo.

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