Cómo la democracia se vuelve en tiranía

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Tanto los monarcas del pasado como los dictadores más en el presente, han negado que haya límites a su poder para obligar y coercer a aquellos que están bajo su control.

Durante la mayor parte de los últimos tres siglos, las ideas de libertad y democracia se han entrelazado en las mentes, tanto de amigos como de enemigos de una sociedad libre. La sustitución de las monarquías absolutas por gobiernos representativos de las escogencias de voto de la población de una nación, ha sido considerada parte integral junto con el avance de la libertad de expresión y de prensa, del derecho a la asociación política, voluntaria y pacífica, por razones políticas y por numerosas razones sociales, económicas y culturales, y de la protección de la libertad individual ante el poder arbitrario e ilimitado. Pero, ¿qué sucede cuando un llamado a la democracia se convierte en una cortina de humo, para una tiranía mayoritaria y para la politiquería de coaliciones de grupos de intereses especiales en procura del privilegio y del saqueo?

Los amigos de la libertad, incluyendo a muchos de aquellos quienes creían fuertemente y lucharon por un gobierno representativo y democráticamente electo en los siglos XVIII y XIX, a menudo expresaron preocupaciones temerosas de que la “democracia” se pudiera convertir, en sí misma, en una amenaza a la libertad de las mismas personas que el gobierno democrático se supondría que protegería.

LAS TIRANÍAS DE MINORÍAS Y MAYORÍAS

En su famoso ensayo “Sobre la Libertad” (1859), el filósofo social británico John Stuart Mill advirtió que la tiranía podía asumir tres formas: la tiranía de la minoría, la tiranía de la mayoría y la tiranía de la costumbre y la tradición. La tiranía de la minoría estaba representada por la monarquía absoluta (la tiranía de uno) o por una oligarquía (una tiranía de pocos). La tiranía de la costumbre y la tradición podía tomar la forma de presiones sociales o psicológicas sobre individuos o pequeños grupos de individuos, para que se ajustaran a los prejuicios y a la estrechez de mente de comunidades más amplias, que intimidan y reprimen el pensamiento, la creatividad o la excentricidad (pacífica) del comportamiento.

Mill también insistió en que, en tanto que históricamente la democracia era parte del gran movimiento en favor de la libertad humana, mayorías podrían ser potencialmente tan dictatoriales y peligrosas como los reyes y príncipes más crueles y opresores del pasado. En momentos de grandes prejuicios y pasiones colectivas, las libertades individuales de expresión, prensa, religión y propiedad privada pueden ser eliminadas por el voto, reduciendo a la persona aislada a convertirse en un peón y prisionero obligado del sistema político, debido a simples números en un proceso electoral. (Ver mis artículos, “John Stuart Mill y los Tres Peligros para la Libertad” (“John Stuart Mill and the Three Dangers to Liberty”) y “John Stuart Mill y los Peligros de un Gobierno sin Límites” (“John Stuart Mill and the Dangers of Unrestrained Government”.))

Por esta razón, muchos de los grandes filósofos sociales y reformadores de los años de 1700 y de 1800, a menudo insistían fuertemente que, debido a que la democracia era un espada de dos filos, libertad o tiranía, era necesario restringir los poderes y el alcance de los gobiernos mediante constituciones escritas y no escritas, que limitaban lo que las mayorías podían hacer por medio de sus representantes elegidos. Por ello, el papel y la importancia, en el caso estadounidense, de la Declaración de Derechos, las primeras diez enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos.

La Primera Enmienda especifica clara y categóricamente que, “El Congreso no aprobará ley alguna” que pueda reducirle a alguien sus libertades individuales, incluyendo, la de expresión, prensa, religión, reunión pacífica y remisión de quejas contra las acciones del gobierno. De hecho, cada una de estas diez primeras enmiendas fue diseñada para poner alguna restricción al uso del poder político, para infringir o negar diferentes aspectos de los derechos de un individuo a su vida, libertad y propiedad honestamente adquirida.
Ambigüedades de lenguaje, detalles de interpretación y actitudes cambiantes, a menudo, han resultado en debates y desacuerdos acerca de qué y cómo tales libertades personales deben ser entendidas y aseguradas. Pero, el significado y mensaje subyacente debería ser considerado más allá de toda duda: hay aspectos de la vida y derechos del ser humano individual que el gobierno, incluso un gobierno mayoritario, no debería y no podría reducir, violar o denegar.

Tanto los monarcas del pasado como los dictadores más en el presente, han negado que haya límites a su poder para obligar y coercer a aquellos que están bajo su control, incluyendo la prohibición de palabras y acciones para aquellos por encima de quienes ellos han establecido su gobierno. Ellos han racionalizado su alegato en favor de una autoridad irrestricta, apelando a un “derecho divino de los reyes” o a un significado superior de “libertad,” que expresa la “voluntad del pueblo” como un todo por medio del poder supremo del tirano.

LA LIBERTAD “NEGATIVA” = LIBERTAD; LIBERTAD “POSITIVA” = COERCIÓN

Uno de los grandes trucos lingüísticos de los comunistas y de muchos de los socialistas del siglo, consistió en tratar de distinguir entre las libertades falsas, o “burguesas,” en contraste con las libertades reales, o “sociales.” Las primeras son aquellas libertades individuales expresadas en la Declaración de Derechos, que fueron etiquetadas como libertades “negativas,” en el sentido en que ellas “simplemente” protegían a una persona contra la agresión y coerción de otras. Las libertades “positivas” o “sociales,” requerían la planificación, regulación y control redistributivo por el gobierno y que las porciones del ingreso y la riqueza entre los miembros de una sociedad fueran más iguales, de acuerdo con una noción previa de “justicia distributiva.”

La libertad individual tan sólo requiere que cada persona respete de otros la vida, la libertad y la propiedad honestamente adquirida y que siga la regla de asociación pacífica y voluntaria en todas las interacciones humanas. Más allá de esta restricción “negativa” a cada uno de nosotros, todos tenemos libertad para vivir nuestras vidas individuales tal como lo escojamos, guiados por nuestras concepciones propias de valor, significado y propósito en cuanto a ordenar y proseguir nuestros asuntos privados y los acuerdos con otros.

La noción de libertad “positiva,” o social, requiere la intervención activa y constante de la autoridad política sobre el individuo y los asuntos voluntarios interpersonales de los ciudadanos de un país, precisamente para ordenar o prohibir cómo, cuándo, dónde y para qué la gente puede actuar e interactuar con otros, de forma que se dirijan y dicten ciertos resultados que aquellos en el gobierno consideran que es “bueno,” “justo” y “equitativo.” El individuo y sus acciones quedan supeditadas y confinadas dentro del colectivo o la comunidad o los “intereses” nacionales de la sociedad como un todo, tal como es definido y exigido por el gobierno.

LA ACUSACIÓN DE JOSEPH STIGLITZ DE QUE LA “DEMOCRACIA” ESTÁ BAJO ATAQUE

En nuestro día y época, uno de los trucos desplegados por los proponentes de la “justicia social” y por los promotores de la redistribución, es insistir que, lo que ellos llaman y demandan en términos de la política social y económica del gobierno, es realmente la voluntad “democrática” de la mayoría y que, cualquier oposición a ella, es una demostración de que esa persona es un enemigo de la “democracia,” por tanto, un opositor a la libertad y la sociedad libre.

Un ejemplo de ello es un artículo reciente, “La Democracia Estadounidense al Borde del Precipicio,” (American Democracy on the Brink), del conocido economista y ganador del premio Nobel, Joseph E. Stiglitz, un profesor de economía en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Según Stiglitz, una serie de decisiones recientes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, demuestran que la “democracia” en los Estados Unidos está en peligro.

Él repite el cargo, ahora desgastado en las redes, de que nosotros hoy no vivimos en una democracia, debido a que el actual ocupante de la Casa Blanca obtuvo tres millones menos de votos que su oponente en la elección presidencial del 2016. Que Donald Trump ganó la elección de acuerdo con las reglas electorales presidenciales especificadas en la Constitución de los Estados Unidos, al ganar una mayoría del Colegio Electoral, es tirada a un lado y convertida en una acusación implícita de que la propia Constitución es una institución arreglada anti-democrática. No obstante, uno se pregunta si Joseph Stiglitz estaría usando arpillera y untado de cenizas, con su cabeza agachada, si el resultado del 2016 hubiera colocado a Hillary Clinton en la Casa Blanca mediante una mayoría del Colegio Electoral, a la vez que Trump ganaba una mayoría del voto popular. Como quiera que sea, lo dudo.

AMERICAN EXPRESS Y LA COMPETENCIA DEL MERCADO

La primera acusación de Stiglitz contra el capitalismo “no democrático” es la reciente decisión de la Corte Suprema en favor de American Express, en relación con el requisito de la empresa de que los negocios al menudeo y otros negocios, en los que los clientes compran bienes usando tarjetas de crédito, no ofrezcan descuentos especiales a los compradores para que usen tarjetas que tienen costos de transacción menores que las propias de ellos. Stiglitz considera esta decisión de la corte como un acto corporativo anti-competitivo, a expensas del detallista y del consumidor -los pocos explotando a los muchos.

Pero, como razonara el tribunal superior, no todas las tarjetas de crédito son iguales y, por tanto, no implica o se requiere que todas las compañías que emiten tarjetas de crédito, cobren iguales costos de transacción a las tiendas. La mayor parte del negocio de American Express involucra un crédito “no revolvente;” esto es, la gran mayoría de los tenedores de tarjetas de American Express pagan al final del mes la totalidad del saldo debido. Así, debido a los pagos a plazos, American Express no gana ingresos por concepto de intereses ampliados provenientes de la mayoría de sus clientes.

Los clientes de American Express, quienes tienen diferentes tipos de tarjetas de esa compañía, con diferentes niveles de servicios, beneficios y descuentos, tienden a ser, en promedio, de rangos de ingresos elevados y gastan más en diversos bienes y servicios en, digamos, una base anual. Así, los compradores que pagan con sus tarjetas de American Express es posible que gasten más, y sobre todo en bienes caros, con lo cual más que compensan las altas comisiones por transacciones que American Express les carga a los detallistas. Aún más, la atracción de los muchos beneficios para el tarjetahabiente que pose la tarjeta de American Express, ha funcionado totalmente para mover a otras tarjetas a introducir sus propias versiones de “puntos” por los dólares gastados, incentivos de “devolución en efectivo,” y otros diversos servicios a los consumidores.

Implícitamente, Stiglitz parece tener, en el trasfondo de su mente, la noción artificial de los libros de texto acerca de la “competencia perfecta,” uno de cuyos supuestos arbitrarios e irreales es que cada vendedor en el mercado vende un producto, que es exactamente intercambiable con aquel de sus rivales en ese mercado -y que, al diferenciar su producto de aquel de los consumidores, está actuando “anti-competitivamente.” No obstante, la propia noción de “competencia,” entendida como un proceso de rivalidad, es constantemente la de intentar mejorar y distinguir a su producto de otros. Esto incluye ofrecer lo que sus clientes pueden considerar es un mejor producto que se puede vender más caro que el de sus competidores, precisamente porque no es visto como igual al de aquellos. (Ver mi artículo, “Capitalismo y el Entendimiento Errado del Monopolio,” (Capitalism and the Misunderstanding of Monopoly.))

Finalmente, ningún minorista está obligado a aceptar la tarjeta de American Express como una forma de pago en su negocio. De hecho, algunos negocios solo aceptan Visa y MasterCard precisamente para evitar los altos costos de cobros por transacciones por American Express.

LA NATURALEZA NO DEMOCRÁTICA DE LA OBLIGACIÓN DE SINDICALIZARSE

La segunda crítica de Stiglitz recae sobre otra decisión reciente de la Corte Suprema, que afirma que los empleados estatales y municipales ya no serán obligados más a pagar cuotas obligatorias a sindicatos de empleados públicos y de maestros, cuando ellos pueden no desear que los represente el sindicato o cuando se oponen a los usos políticos de esos fondos para ser usados en cabildeo y campañas políticas. Él formula una cantidad de criticas contra la decisión de la Corte, incluyendo que trabajadores “egoístas” escogerán no pagar las cuotas y convertirse en “beneficiarios gratuitos” [Free riders] de los esfuerzos de los sindicatos de empleados para mejorar la paga y las condiciones de trabajo en todos los empleos gubernamentales. Él también acusa que, negarles a los sindicatos el “derecho” de demandar el pago de cuotas, ya sea que empleados públicos individuales quieran o no la representación y el activismo político de los sindicatos, es supuestamente “antidemocrático.”

En la tradición de la “nueva parla” de George Orwell, Stiglitz retuerce el significado de las palabras para aseverar que la obligación sindical es libre y que la libertad de escoger del individuo es una explotación de parte del patrono. Durante buena parte de los últimos cien años, a los sindicatos, especialmente empezando en los años de 1930, se les dio relativamente rienda suelta para obligar a los trabajadores a ser miembros del sindicato, para tener acceso a ciertos tipos de empleo y restringir el número de personas que podían buscar y encontrar empleo lucrativo en diversos sectores de la economía.

En sus días de gloria durante las décadas de la mitad del siglo XX, los sindicatos podían cerrar industrias enteras, mediante huelgas, amenaza o uso de la violencia, para impedir que trabajadores no sindicalizados asumieran los trabajos que habían sido dejados por los miembros del sindicato, y usar su palanca financiera para influir la legislación laboral.

La sindicalización obligatoria ha sido una tiranía de una minoría de trabajadores, que manipula los salarios y el acceso al trabajo a expensas de la mayoría de la fuerza de trabajo total. La dinámica cambiante del mercado ha reducido la membresía sindical en el sector privado, de más de un 20 por ciento de la fuerza de trabajo en 1983, a menos de un 7 por ciento en el 2017. Por otra parte, la membresía sindical actual en el sector gubernamental es de más de un 35 por ciento. Su poder político y financiero depende de su habilidad para forzar el pago de cuotas obligatorias de parte de los empleados públicos, a muchos de los cuales se les niega la libertad de expresar si, en efecto, ellos quieren pagar las cuotas y ser representados por el sindicato.

¿Qué es más “democrático” que permitir a los trabajadores individuales que “voten” en cuanto a escoger libremente si pertenecer o no al sindicato y pagar o no las cuotas? El problema del “beneficiario gratuito” [“free rider] es un cuento para infundir miedo, que algunos economistas y promotores de política pública lo han utilizado por mucho tiempo para justificar diversas formas de pagos obligatorios de tasas y cuotas.

No hay nada que impida que los sindicatos, incluyendo los del sector gubernamental, excluyan a los “beneficiarios gratuitos” de las negociaciones salariales y que los beneficios sean aplicables sólo a sus miembros y no a otros, los cuales han optado por salirse del sindicato. De hecho, de seguirse este tipo de camino, pronto se verá si los trabajadores no sindicalizados deciden que los beneficios de unirse a tales sindicatos, valen el gasto financiero de las cuotas que se deben pagar, provenientes de sus salarios.

Al contrario, Stiglitz, mirando con desprecio los asuntos laborales de los trabajadores comunes y corrientes, desde la percha olímpica de sus alturas académicas, conoce la “verdadera” elección democrática que sirve a los intereses “verdaderos” de los trabajadores, mejor y más claramente que los propios empleados públicos. Él se puede referir a un supuesto “desbalance” entre patronos y trabajadores individuales que los sindicatos tienen como propósito terminar, pero, en vez de permitir que esos individuos decidan si piensan que necesitan y están dispuestos a pagar por la representación sindical ante “los jefes,” él quiere obligarlos a que lo hagan. (Ver mi artículo, “El Caso Económico en favor del Derecho de Trabajar” (“The Economic Case for Right-to-Work,”))

EXPRESIÓN LIBRE VERSUS OBLIGADA

Refiriéndose a otro caso legal, Stiglitz se encarrila contra una decisión de la corte que decidió en favor de que centros de salud reproductiva con licencias, no deben estar obligados a suplir a los pacientes con información acerca de opciones de aborto entre las que puede escoger. Él se indigna porque la corte no impuso sobre las personas la obligatoriedad de expresarse. Esto es, que los individuos y las organizaciones para las cuales ellos trabajan, no deberían estar obligados a articular ideas y alternativas con las cuales ellos pueden estar fuertemente en desacuerdo.

El tema del aborto ha sido y permanece siendo uno de los temas calientes más emotivo y profundamente contencioso de la arena pública. ¿Cree usted en el “derecho de una mujer a escoger” o cree usted en el “derecho a la vida”? Ello roza con la fe religiosa, el significado de ser una persona y la propiedad del cuerpo de uno, y con la definición de cuál es el principio de la vida humana. Cualquier acuerdo social amplio acerca del aborto yace muy lejos en el horizonte, si es que lo habrá, dadas las divisiones científicas, las basadas en la fe y las divisiones personales en cuanto a opinión y creencias.

Obligar a alguien a expresarse y a explicar la “otra parte” de este debate en términos de lo que una mujer puede o debería hacer, sólo puede ser considerado como una violación a la libertad de consciencia del individuo. ¿Demandaría Stiglitz también -en el espíritu de la “democracia”- que las clínicas que ofrecen servicios de aborto sean obligadas a brindar literatura y conferencias a sus pacientes, acerca de cómo el aborto es un “asesinato” y que es un pecado mortal que enviará por la eternidad a la mujer al infierno y a los brazos del demonio? ¿Y así hacerlo con una convicción profunda de no sesgar injustamente la decisión de una mujer? Dudo que Stiglitz considere aplicar la lógica de su argumentación en forma simétrica.

El tema, como otros, no tiene nada o poco que ver con la “libertad democrática,” como la transmite Stiglitz en su artículo. En efecto, la atracción emocional de la idea y sentimiento “democrático” es todo un acto de malabarismo a fin de desviar la atención del tema verdadero: ¿Debe el individuo tener socavada o denegada su libertad de escoger en el mercado o en su mente por la aseveración de una “voluntad de la mayoría”?

Que esta “mayoría” sea real o simplemente una cortina de humo, para que una minoría use la atracción democrática para imponer sus demandas sobre muchos otros, sirve como negación y amenaza para las escogencias e interacciones pacíficas de los individuos libres en una sociedad. Es un uso de “democracia” como el arma más reciente contra la libertad humana.


Traducción por Jorge Corrales.

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es Profesor Distinguido BB&T de Ética y de Liderazgo de Libre Empresa en La Ciudadela en Charleston, Carolina del Sur. Fue presidente de la Fundación para la Educación Económica (FEE) del 2003 al 2008.

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