Carta a los propietarios

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Muchos tienen la convicción de que la posesión es un ejercicio tan natural que la dan por trivial. Como principio de elemental justicia, la posesión de bienes se reconoce indispensable para la satisfacción de cualquier necesidad, lo que efectivamente no se ha puesto en duda jamás. Lo que se ha puesto en duda es en que reside el derecho a disponer de dichos bienes, ¿en la mera necesidad de estos para vivir o sobrevivir, o el trabajo aportado para conseguirlos o merecerlos? Sea que nos inclinemos por lo primero o por lo segundo, la respuesta siempre nos llevara a una conclusión: solo lo que es propio en exclusión a otros es la forma de determinar qué es lo que necesito en razón de aquello que quiero y puedo aportar[1]. La responsabilidad que exige asignar la importancia de lo aportado respecto a lo necesitado es básicamente aquello con lo que la humanidad ha tenido que lidiar ante la fragilidad de su condición, sometida a la irremediable e inerradicable escasez, ignorancia e incertidumbre en la que nos vemos envueltos a lo largo de nuestras vidas. Solo así y siempre así es que surge la institución que por excelencia ha sido la escuela de responsabilidad por la cual nuestra civilización es lo que es: la propiedad privada.

La propiedad privada y sus titulares, ustedes los propietarios, siempre han estado expuestos al escrutinio de quienes con igual o menor rango que ustedes en cuanto a propiedad se disputan la “función social” que se le atribuye a la misma, que no es otro que ampliar el número de bienes existentes debido a unas siempre crecientes necesidades a satisfacer. Ese y no otro ha sido el objeto por el cual, por fruto de una apropiación originaria, ustedes han heredado y ampliado los patrimonios con los que, o han respaldado sus empresas, o han mantenido su calidad de vida[2]. Ahora bien, mucho se ha discutido sobre eso de la “función social” de la propiedad privada. Yo mismo me tome la iniciativa de criticar la forma por la cual se introdujo dicha formula en nuestra Constitución hacia el año de 1936, puesto que, al habilitar la expropiación con indemnización una vez demostrarse que la propiedad no cumpliese con tal “función social”, la protección a un derecho legítimo se termina volviendo una concesión del Estado, al ser este último quien termine juzgando que propiedades son “productivas” y cuáles “improductivas”. Y es que, como ustedes bien lo saben queridos propietarios, las únicas leyes que nos dicen si estamos haciendo un uso “productivo” o no de nuestros bienes son las leyes del mercado, no las del Estado, pero como el empeño de hacer valer las últimas respecto a las primeras es la regla y no la excepción de la época en la que vivimos, no deja de ser inquietante que quien pretender servir de guardián de nuestros intereses, se termine volviendo verdugo de nuestros destinos.

Y es que estimados propietarios, al exigir al Estado la legitima protección a nuestras propiedades contra el robo y la usurpación, ¿no nos estamos exponiendo a que el Estado mismo nos confisque total o parcialmente nuestras propiedades con los impuestos que pagamos para dicha protección? No de otro modo es que lo que ha sido un derecho crucial para el progreso de la civilización termine siendo percibido por muchos como un privilegio, como una concesión de quienes se atribuyen su defensa. Lo que es fuente de cooperación es juzgada entonces como fuente de conflicto, haciendo que los reclamos en justicia se conviertan en exigencias del poder. Solo bajo esa lógica es concebible que alguien se atreviese a afirmar que “la propiedad es robo”, sentencia que rápidamente se volvió consigna de aquellos que se estimaban como desposeídos.

Si ustedes consideran que sus patrimonios son fruto del poder de la conquista o que lo serán de la conquista del poder, me temo queridos propietarios que caeremos en el juego de la “expropiación de los expropiadores”, para el regocijo de quienes apuestan por la abolición de la propiedad privada. Por lo anterior es que no nos podemos dar el lujo de ceder ante semejantes pretensiones que quieren distribuir, redistribuir o abolir los derechos de propiedad. Bastara entonces recordarles a quienes enarbolen tesis como las anteriores que, dado que la naturaleza no es homogénea en la distribución geográfica de sus dones ni la humanidad en la de sus virtudes, ninguno de nosotros podrá producir por si solo todo lo que necesita ni consumir todo lo que desea. En el ejercicio de reconocerle a otros lo que es legítimo para nosotros mismos, es que surge la división del trabajo en la que nuestras habilidades y conocimientos cooperan entre sí. Garantizar que esto se dé no ha requerido otra disposición que la de respetar lo ajeno y cuidar lo propio.

De la cooperación pacifica y voluntaria entre ustedes, ya sea de bienes inmuebles o muebles, o servicios domiciliarios o ambulantes, surgen los acuerdos entre propietarios que llamamos contratos. Es verdad que la condición contractual de muchos respecto a la propiedad privada es la de arrendatario y asalariado, por la que se han formado asociaciones de propietarios bastante peculiares como son los sindicatos, cooperativas, u otras ligas que inculcan en ustedes los pequeños propietarios la idea de que su único poder de negociación lo da la fuerza del número. De todos de lejos quienes más han tenido éxito son los sindicatos, ya que constituidos como grupos de autodefensa y hermanados entre sí, han logrado hacer de la coacción una “conquista de la clase obrera”, como en efecto ocurre con el famoso derecho a huelga.

Mucha agua ha corrido debajo del puente en el esfuerzo de reivindicar a los trabajadores como las victimas de una expropiación llamada “plusvalía”, pero como hasta el momento no se ha podido probar que lo que produce un trabajador asalariado lo hace para consumirlo él mismo, difícilmente se le puede retribuir por algo que todavía no se ha vendido, o no en su totalidad. Si el costo de oportunidad del trabajador al negarse a trabajar por cuenta ajena es morirse de hambre, como sostienen los enemigos del progreso, deberían recordar que como el salario es un precio más, es de lejos más importante que una moneda estable no lo distorsione que una política inflacionista lo fije por encima o debajo del precio de mercado. En caso contrario tendremos que ustedes propietarios, con salarios altos estarían poco dispuestos a contratar y con salarios bajos poco dispuestos a ser contratados.

Me preguntarían entonces que si es el Estado quien debe dirimir estos conflictos y perturbaciones a la cooperación pacifica y voluntaria entre ustedes, propietarios de trabajo o capital, a lo cual solo puede responder que no, pues  el Estado, al querer garantizar la susodicha “función social”, termina es protegiendo a la propietario no contra el robo, sino contra la competencia, es decir, excluyendo por acción u omisión el que otros se hagan propietarios legítimos con el fruto de su trabajo o inversión. No nos podemos entonces eximir a la responsabilidad de hacer valer nuestros intereses legítimos contra los ilegítimos, pues en ello no solo esta en juego la necesaria posesión de nuestros bienes sino incluso de nuestras vidas, aquellas sobre las que por principio de autopropiedad somos sus únicos dueños. En el empeño tenemos mucho que perder y aún todavía mucho más por ganar.

¡Propietarios del mundo, uníos!

[1] En ese sentido, la posesión es el horizonte obligado de toda acción individual respecto a la misma persona que la ejerce, mientras que la propiedad es el horizonte obligado de toda acción individual respecto a las demás personas que reclamen o manifiesten voluntad de poseer unos determinados bienes.

[2] Los intercambios de derechos de propiedad, ya sea por herencia o compraventa, tienen una historia que se remite a los primeros actos de apropiación con que un individuo reclamo algo en exclusión a otros por ser el primero en descubrirlo y proceder a ocuparlo o poseerlo. En el proceso, ya sea por robo o por fraude, se puede terminar adquiriendo de forma ilegítima derechos de propiedad, lo cual hace que para muchos la propiedad privada siempre este bajo sospecha de reproducir injusticias pasadas. La complejidad de los reclamos que puedan surgir al respecto siempre deben tener en cuenta que la protección más efectiva a la propiedad privada surge del buen desempeño económico que se haga de la misma por sus titulares, ya que de lo contrario incurrirá en costos o perdidas asociadas a la falta de uso o despilfarro de sus bienes.

lozanoeastman@gmail.com | + posts

Periodista, ministro, banquero, abogado, economista, tolimense y caldense. El último de los republicanos y el primero de los anarquistas.

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